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Declaración Pública ante la detención de Armando Fernández Larios
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ante la detención de Armando Fernández Larios con fines de expulsión desde los Estados Unidos (por estar calificado como “lo peor de lo peor”) pone nuevamente sobre la mesa la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la necesidad urgente de verdad y justicia respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar, como una forma de consagrar el principio de la garantía de no repetición.
Fernández Larios, integrante de la siniestra organización terrorista DINA, es uno de los criminales más feroces de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Se encuentra comprometido en diversos episodios criminales, entre ellos la llamada Caravana de la Muerte, por los cuales enfrenta solicitudes de extradición por los crímenes cometidos en La Serena, Calama y Pisagua. Asimismo, está requerido judicialmente por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria y por el crimen del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffitt.
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AFEP movilizadas en el Congreso
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, este 21 de enero, en el Congreso siguiendo la discusión del Proyecto de Ley que podría beneficiar a violadores de los derechos humanos.
Declaración Pública ante llegada del nuevo gobierno
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, reunida el sábado 17 de enero en la sede de la ANEF, manifiesta su profunda preocupación frente a las señales políticas y jurídicas emitidas en el contexto de la llegada del nuevo gobierno, especialmente en materias que afectan directamente la memoria histórica, la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Como organizaciones de derechos humanos y sociales, observamos con atención la relación que la nueva administración de gobierno, que llegará en marzo, y que establecerá con los Sitios de Memoria, espacios fundamentales para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El debilitamiento, relativización o abandono de estas políticas sería un grave retroceso democrático y una afrenta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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